La evolución de los Estados democráticos en Europa a lo largo del siglo XX, y especialmente tras la II Guerra Mundial, ha estado vinculada al desarrollo de lo que se ha dado en llamar Estado de Bienestar Social, también conocido como Modelo Social Europeo.
La principal seña de identidad de este modelo es la respuesta a las necesidades sociales por parte de los poderes públicos y la articulación de sistemas obligatorios de protección, entre los que destacan los sistemas de Seguridad Social y Educación. A lo largo de las últimas décadas hemos ido avanzando en la universalización de los derechos a toda la población, cuestión en la que el movimiento sindical ha jugado un papel destacado.
En estos momentos, se produce una ofensiva muy visible en el terreno de los servicios públicos que son objeto preferente de las políticas de recorte que afectan de forma drástica a la educación, la sanidad, los servicios sociales, los medicamentos o la protección por desempleo, entre otros. Paralelamente, los mercados presionan en la lógica de favorecer la externalización de servicios que aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los servicios públicos privatizados una enorme oportunidad de negocio.
La privatización y los recortes en los servicios públicos destruyen empleo, deterioran su calidad, empeoran las condiciones laborales de los empleados públicos (marcando a la baja el camino para el conjunto de la negociación colectiva), quiebran la igualdad de oportunidades y la cohesión social y ponen en cuestión la gratuidad y la universalidad de las prestaciones. Todo ello es más grave en una etapa de crisis económica aguda en la que los servicios públicos deberían jugar un papel determinante para garantizar la cohesión social y en la que, tanto el gasto y el empleo público son decisivos en la dinamización de la economía.
En la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional lleva a cabo una política de recortes en los servicios públicos que está afectando de forma muy negativa al empleo y a la calidad de los mismos. Recortes injustificados por cuanto se producen en paralelo al incremento del presupuesto que financia a los servicios que han sido externalizados. Así, mientras se detraen importantes recursos de la Educación pública, que suponen la pérdida de 3.000 profesores/as, se subvenciona mediante desgravaciones fiscales a las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada y se incrementa significativamente el número de unidades concertadas. En la Sanidad los recortes también suponen la pérdida de personal sanitario y la sobrecarga de trabajo de los que permanecen en el sistema, con el consiguiente empeoramiento en la calidad de la prestación, mientras en el presupuesto de 2012 se aumenta más de un 30% la partida que financia los conciertos con entidades privadas. En las Universidades, los continuos recortes están provocando que éstas tengan dificultades para implantar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y están deteriorando las condiciones laborales del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios. Sólo con una financiación adecuada se podrá garantizar el acceso a la Enseñanza Superior a todos los ciudadanos a lo largo de toda su vida y en igualdad de oportunidades.
