Para esta organización sindical, si llegara a producirse la sustitución de Agentes de la Guardia Civil por empresas de seguridad privada, supondría un grave error, representaría un paso adelante en la privatización de los servicios públicos, no garantizaría un aumento de la calidad de los mismos y, además, entraría en colisión con la normativa vigente en la materia.