Buenos días:

 

Soy Lucas Álvarez Carro Presidente de la Unión Autonómica de Asturias de CSIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios.

 

Comparezco ante esta Comisión de Hacienda y Sector Público con ocasión de la tramitación de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Principado y de Medidas Administrativas y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos para dar nuestra visión al respecto, agradeciendo que se nos haya dado esta posibilidad.

 

Como organización sindical a la que represento, orientaré mi intervención en lo que afecta a los servicios públicos y en especial para poner de manifiesto nuestras preocupaciones por las consecuencias que traerán sobre quienes prestan esos servicios de manera directa: funcionarios, estatutarios y personal laboral pertenecientes a la administración del Principado de Asturias. Para ello pondré de manifiesto ámbitos en los que sí se puede recortar, precisamente para salvaguardar los servicios públicos y las condiciones sociolaborales, claramente a la baja, de los empleados públicos (sueldos, jornada laboral, sustituciones, reposición, etc.) llegando a extremos como eliminar ayudas por hijos con gran minusvalía a funcionarios mileuristas, que los hay. Recordemos que si se mantiene la ayuda para acción social al personal laboral ha sido por mandato judicial y que el funcionariado y el personal estatutario ha sido privado de ella.

 

Nos encontramos ante una situación dura económicamente y de duración desconocida, hasta el punto de que el mismo proyecto, en su exposición de motivos, llega a hablar de augurios de una nueva recesión. Son momentos de austeridad, y me gustaría recalcar: para todos; especialmente deben apretarse el cinturón quienes más ancho lo tienen.

 

Esta situación afecta muy directamente a las distintas administraciones y día a día oímos noticias del restricciones de gasto, ajustes presupuestarios y recortes en los servicios.

 

Lamentablemente se está equiparando déficit público a servicio y empleo públicos, en lo que el sindicato al que represento interpreta por un lado como incapacidad para resolver una situación y por otro como estrategia para extender una cortina de humo y derivar la solución e incluso atribuir la causa de todos los males a los empleados públicos. Demando de las administraciones una defensa y reconocimiento de su personal.

 

El déficit aparece cuando los gastos son superiores a los ingresos.

 

Si a los gastos nos referimos, debemos hablar de multitud de partidas a las que debe hacerse frente. Partidas que no todas tienen la misma importancia, van desde las imprescindibles y básicas a las claramente eliminables, sin que por ello se resintiera la calidad del servicio; podría incluso implicar mejora.

 

Un apartado en el que CSIF quiere detenerse es de las empresas públicas. Reconocemos que algunas empresas públicas, aun siendo deficitarias, tienen razón de ser.

Lo que CSIF denuncia son los abusos, los excesos, considerando que algunas son de dudosa justificación, sobre todo en una situación de crisis económica como la que estamos atravesando y cuya eliminación evitaría males como los siguientes:

favorecer el endeudamiento autonómico,

generar gastos que poco tienen que ver con los Servicios Públicos que reciben los ciudadanos, ni con los Empleados Públicos.

escapar a controles por los que sí pasa la administración.

favorecer la existencia de Consejos de Administración cuyos directivos han sido nombrados a dedo por los responsables políticos.

entrar en competencia con las empresas de capital privado.

servir para externalizar servicios públicos.

montar administraciones paralelas.

dotarse de personal cuya selección elude las formas de provisión transparentes de la administración.

Siguiendo con el gasto hemos de reconocer a esta administración decisiones que evitan algunos dispendios, como el cierre de las Delegaciones del Principado de Asturias en Madrid y Bruselas o el recorte en puestos intermedios de la administración. Pero estas medidas no dejan de ser anecdóticas y muy tímidas, pues retomando lo apuntado anteriormente sobre las empresas públicas, organismos y entes públicos, hemos de denunciar que su número no ha variado desde hace años, que se mantienen todas y cada una, si bien hay ligeros recortes.

 

El Principado está obligado a cumplir con lo fijado por el gobierno central en lo relativo a oferta de empleo y conceptos retributivos básicos; esto no es óbice para que CSIF manifieste ante esta Comisión su oposición a la nueva congelación salarial, que conlleva mayor pérdida de poder adquisitivo.

 

Debe ser el Principado el que muestre su sensibilidad y apoyo en los apartados retributivos de su competencia, de la misma manera que debe definir las necesidades de plantilla ineludibles y la oferta de empleo para los ámbitos en que se mantiene.

Las necesidades de los servicios y las plantillas de los empleados públicos no las fijamos los sindicatos. CSIF no pedirá la existencia de un empleado público más de los necesarios, de la misma manera que no admitirá la eliminación de un solo puesto de trabajo que sí lo sea.

 

A diferencia del año pasado, en que se incrementaban los gastos para la Televisión Autonómica del Principado a la vez que se recortaban en Sanidad y Educación, ahora se propone lo contrario, con subidas en Sanidad del 6,7 % y de en torno al 1,9 % en Educación. Éstas, como el ligero incremento en el ERA –Residencias de ancianos- sí son propuestas que gustan a mi sindicato.

 

Consideramos que nuestros funcionarios pertenecientes a los distintos cuerpos y categorías con diferentes funciones, incluidos los cuerpos jurídicos, cumplen perfectamente sus cometidos; sin embargo contamos con 106 cargos eventuales, la mitad de ellos asignados a esta Junta General, si nos fijamos, son más puestos eventuales que diputados elegidos; la elección, designación y cometidos son conocidos de forma precisa por quienes constituyen esta comisión. Sólo concluir que este colectivo le supone a los presupuestos, salvo error en el cálculo, casi cuatro millones cuatrocientos mil euros.

 

Me referiré brevemente a la Modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública, incluida en la Ley de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos.

Se presenta lo que será la novena modificación, en lo que entiendo, por un lado para poner cierto orden y rigor en actuaciones y por otro para acomodarse a recientes sentencias. Básicamente se refiere a la libre designación, a la provisión de puestos y a la creación de nuevas escalas que se integran en cuerpos ya existentes.

CSIF está por la concreción, transparencia y objetividad en todos estos aspectos, solicitando, entre otras cosas, que se elimine la entrevista para la provisión de puestos, por la discrecionalidad que comporta; que se delimite qué puestos pueden ser y/o qué puestos no pueden ser objeto de cobertura mediante la modalidad de libre designación; una mayor ambición en plazos de resolución de las convocatorias de provisión de puestos (se propone un límite de doce meses).

Esto nos lleva a pensar que una ley con más de veintiséis años de vigencia, que ha sido testigo de grandes modificaciones en la administración del Principado que ha quintuplicado sus efectivos, con la asunción de transferencias de Sanidad, Educación y Justicia y que debe adecuarse a lo establecido en el EBEP, lo que está pidiendo a gritos es su sustitución por una nueva ley de función pública que evitaría esta dispersión legal y daría mayor seguridad jurídica.

 

Reitero, para ir concluyendo: no se puede intentar reducir el déficit público recortando servicios públicos, ya que en las situaciones  de crisis económica  es cuando los servicios públicos, universales y gratuitos, son más necesarios. La defensa de los Empleados Públicos y de los Servicios Públicos es la defensa de los ciudadanos y del Estado del bienestar.

 

Finalizo diciendo que atravesamos momentos difíciles en los que cada euro que se gasta debe meditarse y mucho, que hay que cuestionar cada partida de gasto y tomar decisiones novedosas sin miedo a eliminar gastos superfluos, entes que han proliferado como setas, para poder mantener servicios de calidad, que ahora se vez amenazados junto con un deterioro de las condiciones laborales de los empleados públicos, que soportamos el sambenito de culpabilidad de todos los males.

 

Muchas gracias.