Exige  que los empleados públicos de la JCCM no sufran más agresiones.

 
            La Central Sindical Independiente y de Funcionarios rechaza de forma rotunda la aprobación hoy en las Cortes de Toledo de la “Ley de medidas complementarias del Plan de Garantía de los Servicios Sociales”.
 
            CSI·F critica esta nueva agresión a los empleados públicos de la JCCM considerando que se trata de una medida injusta y perniciosa para más de 70.000 familias en Castilla-La Mancha que llevan a sus espaldas diferentes congelaciones y reducciones salariales.
 
            Para CSI·F, los recortes salariales y laborales han seguido creciendo de manera exponencial desde su anuncio por Cospedal hasta su tramitación en las Cortes castellanomanchegas, pasando por las modificaciones sobre el documento facilitado a las Organizaciones Sindicales.
 
            La Ley aprobada perjudica a funcionarios, laborales y estatutarios, a la vez que empeora las condiciones para ofrecer un servicio público de calidad. CSI·F destaca su compromiso con lo público en todos los sectores y especialmente en el sanitario, el educativo y el asistencial.
 
            Además, para CSI·F las medidas aprobadas para miles de funcionarios, laborales y estatutarios en toda la región tendrán una repercusión negativa en el desarrollo económico y en el empleo ya que frenará el consumo y la inversión.
 
            CSI·F, que inició las movilizaciones ante estas medidas, seguirá manifestando en todos los foros su oposición frontal a las mismas y exigiendo políticas que terminen con los recortes y abran una vía para la recuperación inmediata del poder adquisitivo de los empleados públicos.
 
            Desde CSI·F ya hemos presentado una serie de propuestas viables y efectivas para mejorar la situación de los empleados públicos que afectan a la temporalidad de las medidas, a la ineficacia del incremento horario y a la cobertura inmediata de bajas y vacantes en servicios claves para la sociedad como son los sanitarios, asistenciales y educativos.
 
            CSI·F insiste en señalar que los empleados públicos no son responsables de una crisis que han creado políticos, banqueros y grandes empresarios en una vorágine de corrupción y despilfarro generalizado. Exigimos que paguen los culpables y asuman responsabilidades políticas y penales.