A raíz de la noticia publicada por El Mundo-Andalucía, el sindicato insta a la Intervención de Hacienda y a la Inspección del Servicio a investigar los hechos

Después de conocer los nuevos casos de enchufismo en una delegación provincial de Huelva, concretamente en la de Medio Ambiente, tal y como ha publicado el periódico El Mundo-Andalucía, el sindicato CSI-F ha exigido “el cese inmediato” del Delegado Juan Manuel López una vez que la Intervención de Hacienda y la Inspección del Servicio investiguen los hechos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios pide que se esclarezcan estas irregularidades que son “más que habituales” en las delegaciones provinciales. CSI-F cree que este listado de “colocados a dedo” hecho público por El Mundo no es más “que la punta del iceberg” ya que la Delegación de Medio Ambiente es una “agencia de colocación” fruto de la política de empresas públicas que ha implantado la Junta de Andalucía en los últimos años y que también contempla la polémica reordenación del sector público.

CSI-F califica de “extrema gravedad” estos hechos ya que el “personal colocado” está trabajando actualmente sin contrato pero “a buen seguro, ya se estará intentando que los enchufados regularicen su situación laboral”. A esto se suma, además, la ursupación de funciones ya que estos empleados están desempeñando labores que son competencia exclusiva de los funcionarios.

Así las cosas, CSI-F lamenta que el Delegado de Medio Ambiente “crea que trabaja en su propia empresa, haciendo de ella un cortijo para hacer y deshacer a su antojo obviando los procesos selectivos y los procedimientos legales”.

Traslados de expedientes

El despropósito en la Delegación provincial de Medio Ambiente de Huelva no se ciñe a las contrataciones irregulares de personal. Según ha podido saber CSI-F, desde finales de noviembre de 2011 se están trasladando expedientes de dominio público hidráulico (con información confidencial sobre concesiones) en furgonetas de la extinta Egmasa con destino a la provincia de Sevilla.

CSI-F asegura que estos traslados “carecen de razón y de legalidad” ya que estos expedientes sólo pueden resolverse por funcionarios y están siendo destinados a una empresa privada sevillana “sin motivo aparente”.