Como aseveró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado fin de semana se produjo un antes y un después en las relaciones laborales de nuestro país. El equilibrio que se había venido manteniendo desde la instauración de la democracia en materia laboral sufre, a partir de la entrada en vigor del real decreto, un decantamiento escandaloso a favor de una de las partes, en concreto de la empresarial.

Con este resultado se entiende que los representantes de los empresarios en la negociación que sostenían con los dos sindicatos de clase para pactar una reforma laboral consensuada mantuvieran posturas inflexibles porque, seguramente, o bien conocían o preveían que el no acuerdo iba a reportar mayores concesiones a su causa.

El Gobierno y los empresarios alegan que esta reforma facilitará la contratación. Desde luego, resulta claro que va a facilitar el despido y puede que, a menor protección y mayor desregulación del mercado laboral, se tenga menos miramientos a la hora de contratar. Pero, eso sí, ¡a qué precio!

Todos, sindicatos, empresarios y dirigentes políticos, deberíamos de realizar una reflexión autocrítica para intentar alcanzar consensos y acuerdos en esta y otras materias, aunque supusieran renuncias, porque sin duda representarían un instrumento de arranque potente para, de manera conjunta y convincente, abordar la salida de la crisis.

Todo indica que los vencidos de esta decisión somos los trabajadores y los agentes sociales, y los vencedores, los empresarios. Pues bien, también los sindicatos deberíamos de valorar que quizás nos oponemos radicalmente a determinadas iniciativas en nuestro país que seguramente obligan a que jóvenes españoles hayan de emigrar a otros estados europeos donde les aplicarán medidas laborales como las que aquí rechazamos frontalmente. ¿No resultaría más lógico que pudieran trabajar en su propio país en condiciones laborales similares?

Siempre se ha dicho que en el término medio está la virtud. Por tanto, entiendo que en el trámite parlamentario de la proposición de ley debería de imperar el sentido común de las partes y alcanzar un gran acuerdo, con renuncias de todos, que sirva, de verdad, para devolver la esperanza y la ilusión a todos los españoles.