Desde la CSI•F rechazamos los nuevos recortes propuestos por el gobierno Autónomo por entender que ni son justos ni son eficaces para resolver los problemas de la crisis.

La situación de recortes en el área pública no es nueva, el personal de la administración pública gallega estamos viendo recortados nuestros derechos de forma continuada desde 2009 con la suspensión de acuerdos, reducción salarial en el 2010, congelación salarial en el 2011 y 2012. Lo que supone en muchos casos pérdidas retributivas superiores el 15% en los empleados públicos a la que tenemos que sumar la disminución de las retribuciones que supondrá el aumento del IRPF y el incremento del IBI.

Constatamos que estas medidas no son eficaces, estos días hemos conocido los datos del paro del primer mes del año, y el incremento de las listas del paro registrado en Galicia fue demoledor, 271.284 parados, un 10.35% más que en enero de 2011. Se pone de manifiesto que las políticas de recorte ahondan en la destrucción de empleo.

Las restricciones salariales, la disminución de la jornada y retribuciones de interinos, las bajas que no se cubren, la oferta de empleo paralizada, la escandalosa disminución de la tasa de reposición, crean un negro panorama en la función pública de nuestra comunidad.

No estamos viendo medidas valientes que afronten la economía sumergida, que terminen con la evasión de impuestos y con la vergüenza de un IRPF donde solo pagan las rentas del trabajo.

Instamos a la apertura del Dialogo Social en las Administraciones Públicas como elemento de trabajo necesario para superar la actual crisis y para modernizar las Administraciones Públicas.

Pedimos que el control del gasto de las distintas Administraciones sea un hecho que se pueda constatar y de obligado cumplimiento y la exigencia de responsabilidades a los que con su irresponsabilidad, incrementaron desmesuradamente el déficit en sus respectivos ámbitos.

Exigimos terminar con las duplicidades en la administración, con la impunidad de los responsables de la situación de crisis que estamos viviendo. No podemos olvidar que el déficit público que asola nuestro país, es consecuencia de políticas de dispendio y corrupción y no de los servicios públicos ni de los salarios de los empleados públicos.