CSI-F realizará una férrea defensa de los servicios públicos, en el actual contexto social y económico que afronta España. Además, CSI-F exige a todas las administraciones públicas que reconozcan el castigo que la crisis está infringiendo a los empleados públicos y que realicen una valoración de la pérdida de poder adquisitivo que ha generado.

CSI-F, sindicato mayoritario de las Administraciones Públicas,  exige que los responsables políticos asuman que esta pérdida ha de tener un carácter temporal, siendo la recuperación del poder adquisitivo una reivindicación irrenunciable.
Además, en la actual etapa de reformas, el sindicato insta al inicio del diálogo en las Administraciones Públicasy la apertura de las mesas de negociación, como elemento de trabajo necesario para superar la actual crisis y para racionalizar la Administración. CSI-F se esforzará para que los ciudadanos españoles conozcan que el tremendo déficit público que asola a nuestro país es consecuencia de políticas innecesarias y desafortunadas en el gasto.El déficit no ha sido ocasionado por los servicios públicos, ni por los sueldos de los empleados públicos.
Por este motivo CSI-F reclama que el control del gasto de las distintas administracionessea un hecho constatable y de obligado  cumplimiento y exige responsabilidad a quienes, por su mala gestión en sus correspondientes ámbitos, han generado los déficit públicos actuales.
CSI-F también reitera su rechazo a la reforma laboral porque va a desequilibrar las relaciones laborales en España, facilitando la destrucción del empleo y precarizando aún más las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Además, teme que la reforma va a profundizar en el desmantelamiento del sector público. Por eso, advierte de quetrabajará, en el ámbito parlamentario, con los diferentes grupos políticos para evitar la desprotección de los trabajadores, garantizar las relaciones laborales de manera efectiva y muy especialmente, para preservar unos servicios públicos de calidad, sin penalizar a los empleados públicos, especialmente para defender al personal laboral de las Administraciones Públicas del acoso a sus puestos de trabajo que somete esta reforma.
CSI·F, sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, considera, previo a cualquier otra medida de presión, agotar los cauces de la negociación, por eso trabajará, en el ámbito parlamentario, con los diferentes grupos políticos para mejorar esta reforma laboral a través de enmiendas que eviten la desprotección de los trabajadores, que garanticen las relaciones laborales de manera efectiva y que protejan unos servicios públicos de calidad, sin penalizar a los empleados públicos. Además, no va aceptar la sombra de la duda que, sobre el personal laboral de la Administración Pública se cierne con la disposición adicional segunda, que pretende abrir  la puerta  al despido de personas que accedieron a su plaza por oposición.
A su juicio, esta reforma, por sí sola, no va a crear empleo si no va acompañada de medidas que persigan el fraude fiscal, la economía sumergida y la reactivación racional de la inversión pública. De esta manera, señala que si no se genera empleo es por la recesión, la caída del consumo interno, la falta de crédito y el déficit generado por unos Administradores Políticos que han derrochado.
Sería  inaceptable que, el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos pudieran despedir al personal laboral que accedió a su plaza mediante oposición aduciendo causas técnicas, organizativas y de la producción.
CSI·F, hace un llamamiento al  sentido común de todas las partes para alcanzar un gran acuerdo, con renuncias de todos, que sirva, de verdad, para devolver la esperanza, la ilusión a todos los españoles y se entre en la senda de la creación de empleo