Los empleados públicos son la columna vertebral de cualquier sociedad avanzada. Su función principal, el desempeño, en nombre del Estado, de los servicios que éste presta a los ciudadanos, resulta insustituible. Asimismo estos trabajadores hacen realidad las decisiones políticas y legislativas. Poner en tela de juicio el papel de los empleados públicos significa cuestionar los servicios públicos esenciales para la sociedad, tales como la educación, la sanidad, la seguridad, la atención social y la justicia.

Los empleados públicos españoles acceden a sus puestos de trabajo a través de un procedimiento objetivo de selección, establecido de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución Española. Este personal cualificado debe demostrar su idoneidad al puesto de trabajo. Dicho acceso está abierto a todos los ciudadanos que reúnan los requisitos de las respectivas convocatorias de provisión de plazas. En consecuencia, constituyen un modelo a seguir en la contratación de personal por parte de la Administración muy alejado de la discrecionalidad y poca transparencia con que son incorporados los asesores y demás cargos de confianza.