Ni los miembros del Gobierno, ni los del primer partido de la oposición, ni los  altos ejecutivos de las empresas públicas, ni los  banqueros a los que hemos tenido que rescatar con fondos públicos para seguir con los prestamos abusivos y el beneficio, ni los empresarios caza subvenciones que han conseguido cantidades importantísimas para después cerrar las empresas a los pocos meses, ni los  Secretarios de  Estado, ni los atareados senadores, ni parlamentarios nacionales y autonómicos, ni los co

nsejeros, ni los alcaldes y concejales, que todos ellos dan lecciones de austeridad, tienen la culpa de la crisis. Aquí los únicos responsables son los empleados públicos y los pensionistas, por lo tanto  hay que castigarlos  a aquellos bajándoles el sueldo y a estos congelándole las pensiones. Lo extraño es que a parte del pueblo llano lo hayan convencido de esto,  siendo la procedencia de muchos de los empleados públicos.

                        En el fondo se está discutiendo el modelo de Estado. Detrás del desprestigio de los empleados públicos se esconde el desprestigio indiscriminado de los servicios públicos. Porque los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los celadores…, que  son los que cuidan de ti y de los tuyos cuando tienes problemas de salud, son empleados públicos. La salud como derecho fundamental ¿Cómo se garantizaría para aquellos que no tienen dinero para pagarla si no fuera pública?

                        También son empleados públicos los que apagan los fuegos, los que realizan salvamentos, los que vigilan nuestra seguridad en las calles… Si no fueran servicios públicos ¿Quién podría pagarlos? Intentan privatizarlos y convencernos de que es lo mejor.

                        También son empleados públicos los maestros y profesores que educan a nuestros hijos y los forman profesionalmente para acceder al mercado laboral. El día que la educación deje de ser un derecho habrá muchos que no entiendan estas líneas.

                        Por lo tanto tendremos que fijar qué servicios públicos debemos de dar a los ciudadanos lo que nos determinará el número de funcionarios que son necesarios para dar esos servicios.
                       Hay opiniones que aseguran que han aumentado exageradamente los empleados públicos y por lo tanto hay que reducir el número.  Si hablamos de aquellos que en los últimos años los partidos políticos han colocado en la administración  pública a sus simpatizantes, paniaguados y amiguetes estaremos de acuerdo. Pero siempre defenderemos a aquellos empleados públicos que se han esforzado en preparar la oposición, generalmente muy competitiva, ante tribunales severos y objetivos y que desempeñan su función con responsabilidad, competencia y eficacia. Estos suponen en España el 9,5% del total de la población activa, en Europa son más del 16%.  Si hablamos de los países más avanzados y con mayor desarrollo del estado del bienestar tienen mayor número de empleados públicos: Dinamarca 25,7%, Suecia 21,1%. De los casi 2,6 millones de funcionarios registrados supone que hay un empleado público por cada 17 ciudadanos, una media muy distante de la francesa un funcionario por cada 12.

                         La pregunta que nos haríamos ¿es necesario este número de empleados públicos? La respuesta sería sí, de todos aquellos que se ocupan de ofrecer a la sociedad los servicios de sanidad, educación, justicia, seguridad… y no de todos aquellos  asesores y más parafernalia que ha traído como consecuencia el desarrollo de la administración central, autonómica y, sobre todo, la local.

                        Quizá esté aquí ese aumento de empleados públicos que algunos piden suprimir. Pero una cosa es este abuso de los partidos políticos, que deben rectificar, y otra poner en duda la necesidad y la calidad del funcionariado español. No debemos engañarnos los empleados públicos son los que garantizan nuestros derechos sociales.
                       Desde CSI·F hemos considerado que las medidas, sin precedentes, tomadas por este Gobierno contra los empleados públicos son graves, injustas y evitables porque hacen recaer las culpas y los costes de la crisis y de las políticas derrochadoras de todas las administraciones, como si los empleados públicos fueran un gran gasto para el Estado. Más de medio millón de empleados públicos cobran menos de mil euros y los años de bonanza económica nunca repercutió en  mejoras salariales. España es uno de los países de la Unión Europea que menos gasta en salarios de los empleados públicos. Sin embargo si gasta en miles y miles de asesores con sueldos muy superiores a los de los empleados públicos y sin ninguna responsabilidad en su labor, en sueldos de los políticos por pertenecer a los consejos de las Empresas públicas cuyos déficits se financian de los presupuestos públicos, en gastos suntuarios, viajes, coches oficiales, pseudoembajadas. 

                        Son muchos los que consideran un privilegio el tener un empleo fijo, los 2,6 millones de empleados públicos, funcionarios de carrera 1,5millones  y el resto  personal laboral, han superado una oposición de lo que no creo que tenga que pedir perdón por ello. Al fin y al cabo, un empleo fijo es un derecho para todos los trabajadores, no un privilegio. En la actualidad la t

asa de temporalidad en los puestos de trabajo de la función pública supera al sector privado: en el 2009 llegó al 24,9%.

                        Por todo lo anterior no podemos aceptar  la reducción que se ha producido en nuestras retribuciones y el clamoroso incumplimiento del acuerdo firmado con el Gobierno, que nos presenten como culpables de la crisis. No aceptamos el argumento de que el déficit público se arregla disminuyendo   número de empleados públicos y reduciendo nuestro salario.

                        ¿Dónde están los recortes en los excesos de los que los políticos, en el elevado número de altos cargos, en los miles de “funcionarios de partido” colocados como asesores?¿Dónde están los recortes del exceso de gastos suntuosos, coches oficiales, chóferes,  “embajadas” en medio mundo y televisiones públicas costeadas con nuestros impuestos?¿Dónde están los recortes en las empresas públicas que están fuera del control presupuestario y cuentan con Consejos de Administración dónde suelen tener su segundo o tercer sueldo los políticos de turno, en ocasiones sus familiares y que además cuentan con una amplia nómina de directivos nombrados a dedo?

                        La agresión sufrida no tiene precedentes y conforme los días y meses pasan nosotros nos reiteramos en lo dicho, las medidas son: GRAVES, INJUSTAS, y EVITABLES y no merecemos este castigo.

Antonio Martín Mateos
Presidente Autonómico de CSI·F Castilla y León.

25 de octubre de 2010.